Responsabilidades políticas en las devoluciones de las isapres

La controversia que estalló esta semana, tras conocerse los planes de pagos de las isapres para devolver cobros indebidos a sus usuarios, refleja mucho más que una crisis en el sistema de salud. Exhibe también grietas en la conducción política y una inexcusable falta de responsabilidad de los actores involucrados en las decisiones que condujeron a la Ley Corta de la industria. La historia de esta controversia incluye un fallo judicial que intervino en el diseño de políticas públicas, decisiones legislativas mal concebidas y una ciudadanía que se siente burlada por la solución.

En 2022, la Corte Suprema ordenó a las isapres ajustar sus cobros conforme a una tabla única de factores y devolver lo recaudado en exceso desde abril de 2020. Este fallo no tuvo en cuenta el impacto financiero en las aseguradoras y los riesgos para el sistema de salud privado. Durante la negociación legislativa se estableció que la deuda ascendía a US$ 1.200 millones, 10 veces el patrimonio de las aseguradoras. Buscando evitar un colapso en el sistema se aprobó, con amplia mayoría, que las restituciones pudieran hacerse en un plazo de hasta 13 años, que los accionistas no podrán retirar utilidades mientras no se extinga la deuda, y que la Superintendencia de Salud autorizara caso a caso las fórmulas de devolución.

Mientras las isapres se han ceñido a la fórmula, los responsables del diseño que ha indignado a los usuarios se culpan mutuamente.

Las críticas no tardaron. Los usuarios, que esperaban restituciones significativas en un plazo razonable, han recibido notificaciones de pagos mínimos, algunos inferiores a $ 500 pesos mensuales, lo que ha provocado indignación. Mientras los afiliados reclaman que sus expectativas fueron manipuladas, los actores políticos se culpan mutuamente por una solución que ha exacerbado la desconfianza en las instituciones.

El Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo comparten una cuota de responsabilidad que ninguno parece dispuesto a reconocer. La decisión inicial de la Corte Suprema invadió un terreno propio del diseño de políticas públicas, generando un problema cuya solución recayó en un proceso legislativo accidentado y controversial. Durante la tramitación de la ley, una mesa de especialistas ofreció recomendaciones para abordar el problema de manera integral, pero fueron desechadas, priorizándose intereses políticos sobre lo técnico.

Las isapres han aplicado estrictamente la fórmula decidida, mientras ninguno de los involucrados en su diseño parece aquilatar su responsabilidad en esta controversia, ante una ciudadanía los ve culparse mutuamente y percibe que, una vez más, la política no responde a sus inquietudes. En este panorama, la crisis de la salud no mejora. Los cotizantes del sector privado han caído a 2,5 millones, 130 mil menos que en 2023; mientras el sector público sigue atrapado en las listas de espera.

Este conflicto debe servir como un llamado de atención. La implementación de políticas públicas exige compromiso ético con la ciudadanía, no medidas paliativas que perpetúan un sistema disfuncional. En un escenario donde nadie gana, quienes pagan el precio son, una vez más, las personas.